Luego de que el presidente anunciara formalmente la cuarentena en la que entraba el país a partir del 24 de marzo, decidió salir a hablar junto al fiscal general Francisco Barbosa sobre la situación que podría vivirse en el país de acaparamiento.
El anuncio señaló que quienes quieran acaparar productos como alimentos, medicamentos, entre otros, podrían ser condenados a una pena de 4 a 9 años de cárcel.
De igual forma, aquellos que quieran aprovecharse de la situación elevando los costos de los productos y enriquecerse a costa de la necesidad de los colombianos, también tendrán sansiones severas.