La fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá, Olga Tristancho, fue una de las funcionarias que debido a la emergencia del COVID-19, tuvo que donar a fuerza parte de su sueldo como acuerdo del denominado “impuesto solidario” que obliga a las empresas a retener más del 10% del salario de los empleados que ganen más de 10 millones al mes, algo que no aprobó y por eso hizo uso de la ley.
Ante su desacuerdo, Olga Tristancho interpuso una tutela para no donar ni un solo peso de su sueldo que alcanza los $28.976.949, pues según alega, el dinero que entrega al “impuesto solidario” le «descuadra» sus gastos mensuales, teniendo en cuenta que sostiene a su hijo, quien está realizando un doctorado en Japón, aparte debe pagar las dos empleadas que cuidan a su madre, la empleada que le ayuda con los oficios de la casa, la administración del edificio y la gasolina de sus vehículos.
Después de exponer su caso y llevar todas las pruebas, ganó la tutela con la que queda exonerada de la retención puesta por el gobierno, la misma que asegura es «ilegal».
Haciendo cuentas, a Tristancho le descontaban $5.435.390 mensuales de los $28.976.949 que le llegan a su cuenta, pero según la mujer, el restante no le alcanzaba para los gastos que debe sumir mensualmente.