Xu Guoli, de 58 años, había sido condenado a muerte en julio de 2021 por homicidio, recordó el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou en su cuenta oficial en la red social Wechat, que agregó que las pruebas contra Xu eran «abundantes y concluyentes».
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En un primer momento, Xu denunció la desaparición de su esposa, Lai Huili, de 51 años en aquel entonces, e incluso llegó a ofrecer una recompensa de 100.000 yuanes (14.530 dólares, 13.560 euros) por pistas que aclarasen lo sucedido, según medios locales.
La policía comprobó 6.000 horas de vídeo captadas por cámaras de seguridad de las inmediaciones de la vivienda de la pareja, situada en Hangzhou, e interrogó a 379 familias que vivían en los seis edificios del complejo residencial, sin hallar rastro alguno de Lai.
El caso atrajo la atención de las redes sociales del país asiático, en las que los internautas especularon sobre qué le habría ocurrido a la mujer.
Las autoridades recurrieron entonces al drenaje de los pozos sépticos de las viviendas, en los que encontraron restos de tejido humano, tras lo cual Xu fue arrestado.
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El acusado se deshizo de las partes echándolas por el retrete y esparciéndolas por basureros de los alrededores.
Durante el juicio, Xu aseguró que él y su esposa discutían frecuentemente por problemas económicos y por la educación de la hija que tenían en común y que se sentía agraviado porque ella lo acusaba de «inútil», aunque achacó el asesinato a un «acto impulsivo», al contrario que la Fiscalía, que vio premeditación en sus actos.
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El acusado pudo reunirse con algunos familiares antes de su ejecución, informaron las autoridades judiciales, que no facilitaron detalles sobre el método empleado.
Las autoridades chinas no proporcionan datos oficiales sobre el número de condenados a muerte, pero en el informe relativo a la pena capital de 2021 elaborado por Amnistía Internacional, la organización apuntó que «China continúa siendo el mayor verdugo del mundo», aunque sigue considerando los datos sobre ejecuciones como secretos de Estado e impide su escrutinio independiente.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 % de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.
Texto: POR EFE