El 6 de noviembre de 2016 se registró el asesinato de un habitante de calle en Yopal, Casanare, luego de que fuera aprehendido por las autoridades tras pedir limosna en un establecimiento comercial. Los clientes alertaron a la Policía de la estación El Hobo, por lo que uniformados llegaron al lugar y solicitaron el documento de identidad al hombre.
Según detalló El Tiempo, el habitante de calle fue requisado y al ver que no tenía documento de identidad fue esposado y trasladado al CAI a pie. Durante el trayecto, el parrillero Diego Echavarría Vergara lo golpeó y al ser ingresado fue asesinado por el uniformado con su arma, como indicó la sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare.
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En el CAI se encontraban otros dos patrulleros cuando Echavarría accionó su arma y asesinó al habitante de calle, quienes no trataron de evitarlo. En medio de las pesquisas, los agentes relataron versiones distorsionadas de los hechos, reza la sentencia.
Echavarría Vergara se justificó al indicar que el hombre supuestamente le arrebató el arma que cargaba en la cintura, lo que fue desmentido por la diligencia de inspección judicial. La pistola del uniformado se encontraba en la chapuza, por lo que era necesario apretar dos seguros para poder sacarla.
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En ese momento, el sujeto estaba esposado de manos. Con las pruebas recopiladas durante la investigación, la familia del hombre presentó una demanda de reparación por lo que Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal declaró administrativamente responsable a la Nación, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
La decisión del 9 de septiembre de 2021 fue apelada y el Tribunal Administrativo de Casanare ratificó la sentencia en segunda instancia. Esto obligó a la Nación a pagar una suma de $300 millones de pesos debido a los perjuicios causados al papá, hermanos y sobrinos de la víctima.
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