Algunos empresarios y sectores políticos han expresado su preocupación, argumentando que este aumento podría ser perjudicial para las pequeñas y medianas empresas (pymes), las cuales enfrentan dificultades para asumir las cargas salariales y las obligaciones legales que conlleva el pago a sus empleados.
Y es que, según representantes de estas organizaciones, la medida podría poner en riesgo la sostenibilidad de muchos negocios y, con ello, la estabilidad laboral de miles de trabajadores.
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Por su parte, el presidente Gustavo Petro señaló a través de su cuenta de X que el impacto negativo podría haberse reducido si el Congreso no hubiera rechazado una propuesta de su gobierno para disminuir del 35% al 30% el impuesto de renta para las pymes.
Esta iniciativa, según el mandatario, habría permitido a las empresas contar con mayor liquidez para afrontar las obligaciones derivadas del alza salarial.
Ante esto, otro tema que ha generado inquietud entre los colombianos es el efecto del incremento salarial sobre el costo de algunos productos y sobre todos los servicios que dependen directamente del salario mínimo.
Vale la pena tener en cuenta que en Colombia, cerca de 11 millones de personas perciben esta remuneración como ingreso principal, lo que convierte cualquier cambio en un asunto de amplio alcance social. Ante este panorama, el gobierno trabaja en la posibilidad de desvincular alrededor de 200 productos y servicios que actualmente están atados al salario mínimo, con el propósito de aliviar los gastos de los colombianos.
Entre los servicios que podrían dejar de aumentar con el salario mínimo se encuentran las matrículas universitarias, las consultas médicas particulares, los arriendos, el mantenimiento en talleres mecánicos y los servicios públicos.
Según el portal informativo El Espectador, estas medidas se materializarían mediante decretos que, tras su elaboración, deberán ser debatidos y aprobados por el Senado y el Congreso de la República.
Sin embargo, hay otros costos que, como cada año, sí aumentarán por la inflación y otras variables económicas. Entre estos se encuentran las multas de tránsito, las cuotas moderadoras en las EPS, el impuesto predial, el SOAT y los topes para declarar renta. Estos incrementos, que afectan de manera significativa la economía de las familias colombianas, comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2025.
Con estas decisiones, el gobierno busca equilibrar los efectos del aumento salarial, pero el debate continúa, y las implicaciones de estas medidas aún están por verse en los diferentes sectores de la economía nacional.
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