Hoy en Tropicana
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El caso del hincha de Millonarios Javier Acosta, quien falleció en la tarde del 30 de agosto tras recibir la eutanasia, ha traído nuevamente a debate todo lo relacionado con la muerte asistida.
La historia de Javier marcó miles de corazones, quienes se mostraron conmovidos con la valentía del hombre de 36 años que tomó la difícil decisión de someterse a la eutanasia luego de años luchando con una bacteria conocida como osteomielitis que terminó deteriorando su salud gravemente hasta hacerle metástasis en su sangre.
En la nueva sección de Tropicana ‘Se lo explico con expertos’, estuvo como invitada especial Lina Paola Lara, directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente, quien resolvió varias dudas sobre la eutanasia en Colombia.
“Colombia es un país pionero en la conversación sobre la eutanasia (…) En el mundo solo hay nueve países entre más de 300 que existen, sólo nueve tienen despenalizaciones y jurisprudencia seria en relación con el final de la vida (…) En 1997 en Colombia se despenalizó la eutanasia y en 2015 fue reglamentada por el Ministerio de la Salud y de la Protección Social. No solo la eutanasia está despenalizada en Colombia, hay más de cuatro procedimientos de muerte digna”, comenzó explicando.
Según explicó Lara, cualquier persona que sea ciudadana colombiana puede acceder a la eutanasia, sin embargo, debe cumplir con tres importantes requisitos que impuso la aCorte Constitucional y que son vigilados con rigurosidad el Ministerio de la Salud.
La experta además resaltó que nadie puede interferir en la decisión de someterse a la eutanasia y que la solicitud de este procedimiento debe ser unipersonal, es decir que cada persona es quien hace su propia solicitud y no puede ser solicitada no terceros.
“La solicitud de eutanasia la determina una junta médica, que en algunas EPS se llama ‘comité de ética o de bioética’. No es una decisión que tome un médico solamente, sino que esa junta médica es nombrada para revisar que se cumplan los tres requisitos y especialmente verificar que la persona no está siendo inducida ni obligada por ninguna parte, sino que haya hecho una reflexión y haya resuelto que dada a su condición actual por su enfermedad no le permiten disfrutar de una vida digna en autonomía”, respondió la experta.
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